Madrid

[Kesh]

El TSJM ha anulado la tasa de basuras en Madrid capital. ¿Y ahora qué?. ¿Tiene que devolver el dinero el Ayto.?.

Y otra cosa: la tasa es una obligación impuesta por el Estado. ¿Qué pasa con repercusión al Estado, al nivel nacional, y al resto de ayuntamientos de España?.

Le he pedido a Gemini que analice el asunto:

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la tasa de basuras (la Ordenanza Fiscal 8/2024) debido a defectos sustanciales en su tramitación. Concretamente, el Ayuntamiento ocultó o no publicó correctamente durante el periodo de información pública los anexos del informe técnico-económico que explicaban cómo se calculaba realmente el tributo, lo que generó indefensión en los ciudadanos.

A partir de este fallo judicial, esto es lo que ocurre con las dudas que planteas:

1. ¿Y ahora qué? ¿Tienen que devolver el dinero?

Por el momento no hay una devolución automática. La sentencia del TSJM aún no es firme, ya que cabe la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Mientras el proceso judicial siga abierto o el Ayuntamiento pida medidas cautelares, el dinero no se devuelve de oficio. Sin embargo, si la sentencia se hace finalmente firme, el Ayuntamiento de Madrid sí se verá obligado a devolver los cientos de millones recaudados a los aproximadamente 1,35 millones de hogares afectados. Por ahora, la ordenanza queda sin efecto y el consistorio está obligado a replantear legalmente el tributo desde cero.

2. ¿Qué pasa con el Estado y la Ley 7/2022?

A nivel estatal no pasa absolutamente nada. La obligación de cobrar esta tasa proviene de la Ley nacional 7/2022 (basada en directivas europeas y el principio de "quien contamina, paga"). El TSJM no tumba ni critica la ley estatal, sino la mala ejecución del Ayuntamiento de Madrid a la hora de aplicarla en su municipio. El tribunal es claro: la obligación impuesta por el Estado de crear esta tasa no exime a los ayuntamientos de hacer las cosas bien, cumplir el procedimiento y explicar a los ciudadanos cómo se les va a cobrar.

3. ¿Qué repercusión tiene para el resto de ayuntamientos de España?

Legalmente, el fallo del TSJM no anula las tasas de otros municipios, ya que cada ayuntamiento debe redactar y aprobar su propia ordenanza fiscal para cumplir con la ley estatal.

No obstante, políticamente supone un aviso enorme (sienta jurisprudencia). Al anularse la tasa de Madrid por una falta de transparencia en sus informes económico-financieros, cualquier otro ayuntamiento de España que haya cometido un error similar al tramitar su impuesto se enfrenta ahora al mismo riesgo. Se abre la puerta a que la oposición o los vecinos de otras localidades (ya se habla de posibles réplicas en ayuntamientos como el de Pozuelo) recurran a los tribunales exigiendo la nulidad de sus propias tasas si detectan que tampoco se justificó bien cómo se calculaban las cuotas.

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Y ya, de paso, le he preguntado:

P: ¿Y cómo va el otro gran fiasco con repercusión judicial del Ayto. de Madrid "de Almeida", por las restricciones al tráfico de vehículos en Madrid Central?.


R: El caso de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid —lo que antes era Madrid Central y que el actual alcalde rebautizó y amplió como "Madrid 360"— se encuentra en una situación de "limbo" judicial y moratoria política.

Al igual que ha ocurrido ahora con la tasa de basuras, la Justicia tumbó la medida por hacer mal los trámites administrativos, pero el desenlace final aún está en el aire.

Esto es exactamente lo que ha pasado y cómo está la situación ahora mismo en 2026:

1. El varapalo judicial: ¿Por qué lo anuló el TSJM?

El 17 de septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó una sentencia en la que anulaba las Zonas de Bajas Emisiones de la capital tras admitir un recurso del grupo municipal VOX.

El motivo de la anulación fue muy similar al de la tasa de basuras: una "patente insuficiencia del informe de impacto económico". El tribunal dictaminó que el Ayuntamiento vulneró el principio de proporcionalidad porque aprobó las fuertes restricciones de tráfico sin analizar ni tener en cuenta el enorme daño económico que iba a causar a los ciudadanos con menor capacidad adquisitiva para comprarse un coche nuevo, así como a los autónomos, las microempresas y las pymes.

2. ¿Se han anulado las ZBE y devuelto las multas?

No, al menos de forma automática. A diferencia de lo que muchos conductores pensaron en su momento, la sentencia del TSJM no era firme.

El equipo de Almeida decidió ganar tiempo y presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Hasta que el Supremo no se pronuncie de forma definitiva (lo cual lleva su tiempo), el Ayuntamiento se ha negado a anular de oficio las multas ya cobradas y defendió que las restricciones debían seguir vigentes.

3. La consecuencia política: Almeida pisa el freno (Moratorias)

Aunque el Ayuntamiento recurrió al Supremo, la enorme inseguridad jurídica que generó la sentencia del TSJM obligó a Almeida a dar un paso atrás en la aplicación estricta de su propio plan.
Ante el riesgo de seguir multando masivamente con una ordenanza que podría ser declarada nula de forma inminente, el consistorio tuvo que aprobar una moratoria de urgencia:

* Originalmente, todos los coches sin etiqueta medioambiental (Etiqueta A) iban a tener prohibido circular y serían multados. Sin embargo, el Ayuntamiento paralizó estas sanciones, estableciendo durante 2025 un periodo de simples "notificaciones" (avisos por carta sin sanción económica) para muchos casos.

* Posteriormente, Almeida tuvo que prorrogar nuevamente esta flexibilidad, permitiendo que los vehículos sin etiqueta de los madrileños empadronados puedan seguir circulando también durante 2026 sin ser multados.

En resumen: El Ayuntamiento está a la espera de que el Tribunal Supremo dicte la sentencia final sobre Madrid 360. Mientras tanto, para evitar un agujero millonario en devoluciones si finalmente pierden el recurso, han paralizado las nuevas sanciones a los residentes con coches antiguos hasta 2026, tiempo que están utilizando para intentar redactar una nueva Ordenanza de Movilidad que sí cumpla con los informes económicos que les exigió la Justicia.